Han pasado 36 días desde que una calzada de la vía Buga – Buenaventura se desplomó en el kilómetro 89 y aún no ha iniciado la reparación de la carretera. A la espera del arreglo se suma la preocupación ante la posibilidad de que la tierra ceda más en este punto y la otra calzada también se desmorone, lo que dejaría incomunicado al puerto, con serias implicaciones para sus habitantes y para el comercio internacional del país.
Pero, ¿por qué, tanto tiempo después, y siendo esta una carretera tan importante para el país, no han iniciado las reparaciones? Según la explicación entregada por el Ministerio de Transporte, la demora se debe a dificultades con la aseguradora de la vía, pero las obras ya están en proceso de contratación.
El caso de esta vía reabre el debate sobre la lentitud con la que el Estado colombiano afronta las calamidades. Cuando una obra de infraestructura resulta afectada por un desastre natural, un atentado terrorista o una falla en su construcción, las comunidades perjudicadas viven una tragedia doble, pues la larga espera de una respuesta del Estado se convierte en otra desgracia.
Con el antecedente de retrasos en la construcción de la doble calzada a Buenaventura, que va a completar trece años de obras sin que aún se sepa cuándo estará lista, es difícil ser optimista frente a la respuesta del Gobierno Nacional ante la contingencia del kilómetro 89.
Ojalá en Bogotá entiendan que este no es un problema de Buenaventura ni del Valle, sino de Colombia, y se pongan las pilas antes de que por enésima vez el comercio internacional por el Pacífico se frene por cuenta de la incapacidad del Estado para garantizar una infraestructura óptima.
